No mencionó los permanentes ataques terroristas perpetrados
por palestinos, el secuestro y asesinato de ciudadanos israelíes ni el
lanzamiento de miles de cohetes contra la población civil israelí, que fueron
su causa.
Aseveró que para enfrentar al terrorismo en la región
«como el Estado Islámico y otros que cometen atrocidades, se
requiere más que la confrontación militar y más que declaraciones”. Se
necesita una estrategia integral, una alianza de naciones, pueblos y
civilizaciones y para lograrlo es imprescindible “poner fin a la
ocupación israelí”. Cualquier observador imparcial puede comprender que el
intento por establecer un vínculo entre el dominio de Israel sobre ciertos
territorios y el secuestro y decapitación de occidentales y la persecución
y crucifixión de cristianos en el Estado Islámico, es un despropósito.
Su exposición se enmarcó en una nueva y definida estrategia,
que en el plano interno se dirige a fortalecer su gobierno de unidad
nacional con el grupo fundamentalista islámico Hamás, y en el externo busca
internacionalizar el conflicto para aislar diplomáticamente y deslegitimar a
Israel.
Un claro ejemplo es el reconocimiento de Palestina que
muchos países latinoamericanos y europeos han otorgado, en el entendido que
aportaban un elemento positivo a la paz, cuando en realidad logran el efecto
contrario, pues sólo presionan a Israel y no les exige a los palestinos ninguna
contraprestación o compromiso, imprescindible para alcanzar un entendimiento.
Otro ejemplo es la demanda de Hamás ante la Corte Europea de
Derechos Humanos para ser quitado de la lista de organizaciones
terroristas. Por razones de procedimiento, el tribunal hizo lugar a su
requerimiento, lo cual se subsanará por la intervención de los gobiernos
europeos, pero ilustra el uso de un tecnicismo jurídico como parte de sus
recursos.
A fines de 2014, Jordania presentó ante el Consejo de
Seguridad de la ONU una propuesta de Abás, exigiendo el establecimiento de
Palestina dentro de las fronteras de 1967 y la retirada de los territorios
ocupados en un plazo de tres años.
La resolución no fue aprobada, pues no obtuvo los votos
afirmativos necesarios. Y aunque los hubiese obtenido, EE.UU. ya había
anunciado previamente su veto. No haber conseguido ese resultado favorable,
oculta bajo la apariencia de un fracaso, lo que la dirigencia palestina
considera un éxito.
No haber logrado ningún cambio real en el terreno es,
precisamente, su objetivo. Lo que busca es generar actos simbólicos, que no
tengan el potencial de crear un Estado propio. No aspira a su concreción
efectiva, pues dejaría aún más al descubierto sus irreconciliables diferencias
internas, que desembocarían en una guerra fratricida, tal como sucede con
muchos de sus vecinos árabes.
Su última maniobra diplomática consistió en adherirse al
Estatuto de Roma para denunciar a Israel por los supuestos crímenes de guerra
cometidos en Gaza. Dejando de lado que sólo los Estados pueden ser miembros del
Tratado y que Palestina no lo es, la Corte Penal Internacional actúa en forma
subsidiaria a los tribunales penales nacionales. Sólo en el caso de que el
Estado en cuestión no cuente con un Poder Judicial independiente que investigue
los casos cuestionados, puede intervenir la Corte Penal Internacional.
Israel es una democracia, con plena vigencia de los derechos
humanos y la separación de Poderes, que ejerció su derecho a defenderse frente
a los ataques indiscriminados de Hamás. Y a pesar de tener que librar el
combate en áreas densamente pobladas, no hay antecedentes en la historia
militar, del envío de todo tipo de advertencias a la población civil mediante
la distribución de volantes, llamadas y mensajes a teléfonos celulares y radios
con datos precisos sobre el lugar donde se efectuarían los ataques, para que
esas zonas fueran evacuadas.
En cambio Hamás, como organización terrorista, no sólo
carece de un sistema legal serio, sino que es a todas luces el agresor. Abusa
de sus propios civiles usándolos como escudos humanos y tiene como blancos a
los ciudadanos israelíes. Además utiliza escuelas, mezquitas y edificios de la
ONU como plataforma de lanzamiento de misiles, todo lo cual constituye
efectivamente delitos de guerra.
Sin embargo, tratándose de organismos internacionales,
Israel no puede esperar resoluciones imparciales y ajustadas a derecho. La ONU
es un organismo disfuncional que no discierne si el Estado que ejerce su voto
es una democracia representativa, una dictadura autoritaria o un reino
medioeval violador de todos los derechos humanos. Está secuestrada por mayorías
automáticas y sus órganos emiten pronunciamientos cuya enorme mayoría son
censuras contra Israel. Y eso incluye condenas por hechos que nunca
tuvieron lugar como el incendio de una mezquita que jamás existió o el robo de
agua o la destrucción de vestigios arqueológicos que jamás acontecieron.
La estrategia eficaz
para avanzar hacia la paz y mejorar la calidad de vida de los pueblos, no es
perseguir pírricas victorias diplomáticas, sino comprometerse en negociaciones
serias y directas.
